Salomón Lerner, ex Presidente de la Comisión de la Verdad, resaltó la importancia simbólica que ha tenido este inicio de reparaciones colectivas en Huanta, que parece señalar una voluntad del Estado a no ser eternamente indiferente. Aunque se puede agregar una preocupación ¿a esta velocidad en cuántos años se habrá llegado a todos las víctimas o sus familiares? ¿Qué tan justa será una acción tan tardía?
DISCURSO DE SALOMÓN LERNER EN HUANTA
Ceremonia de entrega de reparaciones
Ayacucho, junio de 2007
Estimados amigos:
Deseo decir unas pocas palabras sobre el valor de este acto con el que el gobierno inicia el pago de una grande deuda contraída con los Peruanos y peruanas que fueron víctimas de la violencia. Mis palabras quieren ser también, como es natural e indispensable, un renovado reconocimiento, precisamente, a esa población afectada y un recordatorio de las tareas que la sociedad peruana tiene todavía por delante para hacer valer apropiadamente los derechos de esos ciudadanos.
Hay que recordar, en primer lugar, que el reconocimiento de que el Estado debe reparaciones a las víctimas ha tenido lugar como fruto de un proceso de restauración de la memoria colectiva llevado a cabo por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ésta, sin embargo, fue solamente la expresión institucional de una decisión valiente de la población peruana,principalmente aquella que fue víctima de la violencia. Me refiero a la decisión de no olvidar, de recordar y de sacar las lecciones de la terrible experiencia vivida para la construcción de nuestra democracia.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en efecto, fue una organización estatal creada para reconstruir la historia de la violencia reciente en el Perú. Con ese fin,
trabajó durante veintiséis meses convocando el esfuerzo de muchos ciudadanos, principalmente jóvenes, que con sus conocimientos y su compromiso moral nos permitieron cumplir la tarea encomendada. No obstante, es necesario decir que ninguna comisión, incluso si ella cuenta con todos los recursos económicos y técnicos necesarios, puede sacar a la luz una historia tan compleja y oscura como la que vivimos si es que no existe, en primer lugar, una decisión de la gente a favor del recuerdo y de la justicia y en contra del olvido y de la indiferencia. Quienes trabajamos en esa Comisión tuvimos la fortuna y el privilegio de encontrarnos con miles de peruanos y peruanas que, habiendo sufrido en silencio muchas injusticias y terribles atropellos a sus derechos fundamentales, y a pesar del comprensible temor a decir en voz alta la verdad sobre lo que había sucedido, acudieron valientemente a
brindar su testimonio como víctimas directas o como allegados de esas víctimas.
Para quienes no fuimos directamente afectados por violaciones de derechos humanos tal vez sea difícil comprender todo lo que involucra brindar un testimonio: rememorar públicamente hechos que se quisiera olvidar, depositar una vez más, contra lo que aconsejaba la experiencia, su confianza en que el Estado peruano tomaría en serio su palabra y haría justicia ante las verdades que se contaban. Digo con orgullo y con agradecimiento que la Comisión encontró a casi 17 mil hombres y mujeres dispuestos a relatar sus historias y, sobre todo, a confiar una vez más en el Estado al compartir con éste su palabra ¿qué es lo más preciado que tenemos las personas?
Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación representó, pues, una responsabilidad muy grande solicitar esas palabras y hacerlas conocer en sus audiencias públicas y en su informe final. Más aun cuando no iba a ser ella la encargada de aplicar las recomendaciones que resultaran de su investigación. La Comisión tenía como única misión reconstruir la verdad. No tenía ella autoridad para impartir justicia, realizar reformas u otorgar reparaciones. Sin embargo, lo que sí podía hacer era efectuar recomendaciones claras y justas para que la paz con justicia fuera posible en el país. Como parte de esas recomendaciones elaboramos y presentamos un Plan Integral de Reparaciones amplio, con sólido fundamente jurídico y técnico, sujeto a los más altos criterios de justicia y, quiero resaltarlo de modo especial, completamente viable. No fue, en absoluto, una propuesta desproporcionada a la
realidad de nuestro país sino enteramente posible de ejecutarse. Lo era entonces, cuando lo propusimos, en el año 2003, y lo es más aun hoy en día cuando la tendencia al crecimiento económico del país se ha hecho más fuerte todavía.
Sabíamos que esas propuestas no serían cumplidas de manera inmediata. Eso nos resultaba especialmente preocupante pues, como he dicho, lo que está incorporado en el Informe Final y en sus recomendaciones es la esperanza y la confianza de miles de peruanos. Cada día que ha pasado desde agosto de 2003 sin que se diera cumplimiento a las recomendaciones ha significado, creo yo, una pérdida de credibilidad y legitimidad de nuestro Estado y una sombra de duda sobre el futuro de nuestra democracia ante los ojos de las víctimas.
Por ello creemos que es especialmente importante esta ceremonia en la cual, como el gobierno ha explicado, se hace un primer gesto y una primera acción hacia el cumplimiento de este derecho de miles de personas. Es, ciertamente, un gesto que hay que valorar y reconocer, pues él tiene una significación material y simbólica que nos dice que, después de todo, el Estado peruano no será por siempre indiferente a los derechos de los más desprotegidos y excluidos, que ese Estado nuestro puede comenzar a tratarnos a todos como ciudadanos. Por otro lado, en efecto, este gesto indica un primer paso en un largo camino que deseamos que se recorra hasta el final para que todos quienes vieron sus derechos atropellados reciban las reparaciones a las que tienen derecho, reparaciones materiales y simbólicas, individuales y colectivas, en la forma de dinero e inversión y en la forma de acceso a servicio y
reconocimiento de su condición de ciudadanos plenos.
La posibilidad de que esto se cumpla ?es decir, que todas las víctimas reciban adecuado resarcimiento? depende, desde luego, de que abordemos esta tarea con seriedad, con prudencia y de manera ordenada y eficiente. Hay que valorar el hecho de que poco a poco, paralelamente al constante reclamo de la sociedad, se ha ido constituyendo un marco legal e institucional orientado a hacer que se cumpla el Plan Integral de Reparaciones.
Existe, ya, una ley que da creación a dicho plan; existía desde antes una Comisión Multisectorial de Alto Nivel que ha gestado este primer acto de reparacione, y contamos también con un Consejo de Reparaciones encargado de elaborar de manera exhaustiva un Registro Único de Víctimas tanto individuales como colectivas, el cual sería la mejor herramienta para un proceso de reparaciones sistemático, exhaustivo y, por lo tanto, justo. Es de desear que en el futuro, y dada la complejidad y lo delicado de la tarea, sea esa vía la que transitemos. Podemos tener confianza en que ello sea así dado el compromiso y la recta comprensión del problema demostrado por quienes hoy han hecho posible este primer momento de reparaciones. A ellos les expreso mi reconocimiento, y a nuestros conciudadanos que han sido víctimas de la violencia, les manifiesto mi deseo, como ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en que la palabra que nos entregaron y, por nuestro medio, a toda la sociedad peruana, germine en derechos cumplidos y respetados y en una vida pacífica y plena de dignidad y reconocimiento para todos.
Salomón Lerner Febres
Ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
