PROGRAMA DE REPARACIONES EN SALUD MENTAL ESTÁ DESFINANCIADO
Presentación
El Instituto Promoviendo Desarrollo Social ha venido apoyando el servicio de atención clínica itinerante del Ministerio de Salud en algunas zonas de la Región Ayacucho, el mismo que ha sido suspendido, no teniéndose aún certeza sobre su reiniciación. El personal de los equipos itinerantes está desarrollando coordinaciones para lograr la atención, aunque fuere provisional, de las personas usuarias.
IPRODES PERÚ muestra su preocupación e insta a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República a que aprueben de inmediato el crédito suplementario solicitado por el MINSA para la continuación de este servicio.
1. La obligación del Estado peruano de atender las secuelas en la salud mental producidas por el conflicto armado interno
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, formuló recomendaciones en materia de salud mental señalando que deben brindarse servicios de atención clínica “a cargo de equipos multidisciplinarios, descentralizados e itinerantes”, y que, “cuando el tratamiento clínico resulte necesario no sea menor a dos años de atención continuada[1]”.
El Relator de las Naciones Unidas para el más alto nivel de disfrute del derecho a la salud, Paul Hunt, en su informe sobre la Misión en el Perú, (junio 2004) asumió las Recomendaciones de la CVR relativas a la salud mental.
El Programa de Reparaciones en salud[2], incluye la “Recuperación desde la intervención clínica, lo que implica el diseño de un modelo de atención clínica que se ajuste a las necesidades y recursos humanos de las diversas zonas del país[3], correspondiendo al Ministerio de Salud MINSA la responsabilidad de constituir una unidad especializada para desarrollar dicho programa[4].
Cumpliendo estos mandatos, el MINSA introdujo las reparaciones en salud mental en diversos documentos de gestión y de políticas del sector, tales como:
i) Los Lineamientos para la Acción en Salud[5], del 2004,
ii) La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz[6] (dependiente de la Dirección General de Salud de las Personas del MINSA).
iii) El Plan General 2005-2010 de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz[7],
iv) El Plan Nacional de Salud Mental[8], documento técnico que define los objetivos y actividades a nivel sectorial y multisectorial en la materia. El Plan Nacional de Salud Mental incluye como Objetivo general 4: “Promover la equidad en la atención de salud mental (…) dando atención diferenciada a las poblaciones vulnerables, especialmente a las afectadas por la violencia política”, con ese fin, considera como acción prioritaria la existencia de “Equipos Itinerantes de salud mental en las zonas de intervención” como mecanismo de promoción del acceso de las poblaciones afectadas por el conflicto armado interno a la atención en salud mental, tanto psiquiátrica como psicológica.
2. La obligación del Estado peruano de proveer el presupuesto para atender las secuelas en la salud mental producidas por el conflicto armado interno
El MINSA no incluyó en su presupuesto 2007 requerimientos/metas presupuestales para el Programa de Reparaciones en Salud Mental, incumpliendo con el Artículo 57° del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR, que establece que:
“En coordinación con la CMAN, las instituciones del sector público nacional, regional y local deberán incluir de manera expresa, bajo responsabilidad de los titulares de los pliegos presupuestarios, los objetivos, políticas, acciones y metas que les correspondan en materia de reparaciones en los instrumentos de gestión institucional, tales como (…) presupuestos institucionales; además de los recursos requeridos y/o asignados para tales fines”.
Esta falencia ha tenido un impacto directo en las personas usuarias de los Servicios de atención a la salud mental que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) brindaba en las zonas que fueron afectadas por el conflicto armado interno, a través de Equipos itinerantes y de Equipos Estables, quienes actualmente ya no tienen tratamiento, debido a que este servicio se encuentra suspendido desde diciembre del 2006 por falta de presupuesto.
Los equipos itinerantes que estuvieron trabajando en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, preocupados por la gravedad de las consecuencias que puede acarrear el abandono de la población usuaria de manera súbita e inconsulta, gestionaron el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de las Direcciones Regionales de Salud[9], habiendo logrado únicamente brindar atención provisional en algunos lugares durante los meses de febrero y marzo, en condiciones muy precarias que no permiten una planificación adecuada ni asegurarle a la población la continuidad del servicio.
En cuanto a las perspectivas de dicho trabajo, debe recordarse que los proyectos de cooperación internacional que apoyaban esta labor han concluido y no serán renovados, pero además, el presupuesto del MINSA para el año 2007 no ha previsto recursos para su continuidad.
Tenemos conocimiento que el MINSA para poder solventar esta línea de acción ha solicitado un crédito suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de la República, dependiendo de su aprobación la posibilidad de reanudar el servicio.
3. El trabajo de los equipos itinerantes de salud mental
Desde el año 2004 equipos itinerantes de salud mental conformados por psiquiatras, psicólogos y enfermeras del Instituto Especializado en Salud Mental H. Delgado-H. Noguchi, Hospital Hermilio Valdizán y Hospital Víctor Larco Herrera brindan atención clínica mensual a la población afectada por la violencia política de siete regiones del país: Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, San Martín y Apurímac .
Desde junio del 2005, por convenio con la Unión Europea, se contaba con equipos permanentes de salud mental conformados por un psiquiatra y dos psicólogos en Huancavelica, Ayacucho, Satipo, Andahuaylas y Abancay, lugares que hasta entonces carecían de atención especializada.
Los Equipos Itinerantes de Salud Mental visitaban cada dos meses 8 localidades de Ayacucho para brindar atención clínica a personas afectadas por la violencia política. La población respondía favorablemente a las acciones desplegadas por los equipos itinerantes, generándose una expectativa en la población y las autoridades, especialmente entre las mujeres y niños/as campesinas, principales beneficiarias de la atención.
De acuerdo a los datos proporcionados por los Equipos Itinerantes y la observación realizada por IPRODES PERÚ en su ámbito de acción[10], había un alto número de personas usuarias que acudían a atenderse[11], presentando la mayoría de ellas síntomas de depresión, ansiedad o estrés post traumático. Las consultas con el psiquiatra duraban aproximadamente 20 minutos y no era extraño que se le prescribiera medicamentos anti-depresivos o ansiolíticos.
Aunque como limitaciones del trabajo desplegado por los equipos itinerantes se encuentran la escasa oferta (más notoria debido a la gran demanda en las poblaciones afectadas), el corto tiempo de estadía en cada sitio, la atención muy espaciada entre las consultas, la necesidad de emplear traductores quechua- castellano, la imposibilidad de dar un seguimiento cercano, especialmente a los pacientes medicados, el enfoque casi exclusivamente clínico, entre otros, lo cierto es que era el único servicio de esta naturaleza que brindaba el Estado en el marco de las reparaciones en salud.
4. Consideraciones y Propuestas
- IPRODES PERÚ llama la atención sobre la gravedad de esta situación, que corta bruscamente la atención clínica a una población que había fundado expectativas razonables en este servicio y que se encuentra en un proceso lento, complejo y difícil de tratamiento a las secuelas que ha dejado el conflicto armado interno en su salud mental. No olvidemos que este servicio buscaba reparar a las víctimas de la violencia, lo cual constituye una obligación del Estado y un derecho a la salud de las víctimas y de las comunidades afectadas. Estos servicios estaban dirigidos a contribuir a mitigar el daño ocasionado por la violencia y las violaciones de derechos humanos, y el corte brusco en su provisión puede tener efectos contraproducentes y constituyen un factor de revictimización.
- Preocupa la displicencia de las personas responsables del sector salud que no han previsto la continuidad de los servicios de atención a la salud mental, a sabiendas que los recursos de la cooperación internacional se agotaban y que el Estado debía asumir dichos costos por ser su responsabilidad. Es notorio el quiebre entre las políticas propuestas en materia de salud mental y la total falta de disposición de recursos económicos.
- Expresamos nuestro reconocimiento a los miembros de los equipos itinerantes de salud mental, que de manera comprometida, buscan soluciones aunque sea provisionales frente a esta situación.
- Manifestamos nuestra indignación porque no se haya previsto con la debida diligencia el sustento presupuestario de esta línea de acción, y se haya llegado a esta situación lamentable, que solo perjudica a las víctimas de la violencia, y refuerza en ellas la idea del abandono y discriminación por parte del Estado peruano. Lamentamos a su vez no solo que no se haya obtenido el presupuesto para mantener el trabajo de estos equipos, sino el suficiente para ampliarlo, de tal manera que responda de manera más ajustada a la realidad de la demanda actual en las regiones afectadas.
- Esperamos que en el futuro próximo el MINSA desarrolle las modificaciones adecuadas a su estrategia, que le permita superar las limitaciones en el trabajo de los equipos itinerantes y estables de salud mental, algunas de las cuales han sido señaladas en este documento, previéndose su continuidad en el largo plazo.
- Esperamos a su vez que se fortalezcan las coordinaciones con la sociedad civil y las propias organizaciones de base y las comunidades campesinas.
- Apoyamos la solicitud del MINSA de un crédito suplementario para esta línea de acción, esperando que sea aprobada en el menor plazo posible, así como recomendamos se prevea desde este momento la continuidad en el largo plazo del mismo.
Lima, 27 de marzo del 2007
Presentación
El Instituto Promoviendo Desarrollo Social ha venido apoyando el servicio de atención clínica itinerante del Ministerio de Salud en algunas zonas de la Región Ayacucho, el mismo que ha sido suspendido, no teniéndose aún certeza sobre su reiniciación. El personal de los equipos itinerantes está desarrollando coordinaciones para lograr la atención, aunque fuere provisional, de las personas usuarias.
IPRODES PERÚ muestra su preocupación e insta a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República a que aprueben de inmediato el crédito suplementario solicitado por el MINSA para la continuación de este servicio.
1. La obligación del Estado peruano de atender las secuelas en la salud mental producidas por el conflicto armado interno
La Comisión de la Verdad y Reconciliación, formuló recomendaciones en materia de salud mental señalando que deben brindarse servicios de atención clínica “a cargo de equipos multidisciplinarios, descentralizados e itinerantes”, y que, “cuando el tratamiento clínico resulte necesario no sea menor a dos años de atención continuada[1]”.
El Relator de las Naciones Unidas para el más alto nivel de disfrute del derecho a la salud, Paul Hunt, en su informe sobre la Misión en el Perú, (junio 2004) asumió las Recomendaciones de la CVR relativas a la salud mental.
El Programa de Reparaciones en salud[2], incluye la “Recuperación desde la intervención clínica, lo que implica el diseño de un modelo de atención clínica que se ajuste a las necesidades y recursos humanos de las diversas zonas del país[3], correspondiendo al Ministerio de Salud MINSA la responsabilidad de constituir una unidad especializada para desarrollar dicho programa[4].
Cumpliendo estos mandatos, el MINSA introdujo las reparaciones en salud mental en diversos documentos de gestión y de políticas del sector, tales como:
i) Los Lineamientos para la Acción en Salud[5], del 2004,
ii) La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz[6] (dependiente de la Dirección General de Salud de las Personas del MINSA).
iii) El Plan General 2005-2010 de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz[7],
iv) El Plan Nacional de Salud Mental[8], documento técnico que define los objetivos y actividades a nivel sectorial y multisectorial en la materia. El Plan Nacional de Salud Mental incluye como Objetivo general 4: “Promover la equidad en la atención de salud mental (…) dando atención diferenciada a las poblaciones vulnerables, especialmente a las afectadas por la violencia política”, con ese fin, considera como acción prioritaria la existencia de “Equipos Itinerantes de salud mental en las zonas de intervención” como mecanismo de promoción del acceso de las poblaciones afectadas por el conflicto armado interno a la atención en salud mental, tanto psiquiátrica como psicológica.
2. La obligación del Estado peruano de proveer el presupuesto para atender las secuelas en la salud mental producidas por el conflicto armado interno
El MINSA no incluyó en su presupuesto 2007 requerimientos/metas presupuestales para el Programa de Reparaciones en Salud Mental, incumpliendo con el Artículo 57° del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR, que establece que:
“En coordinación con la CMAN, las instituciones del sector público nacional, regional y local deberán incluir de manera expresa, bajo responsabilidad de los titulares de los pliegos presupuestarios, los objetivos, políticas, acciones y metas que les correspondan en materia de reparaciones en los instrumentos de gestión institucional, tales como (…) presupuestos institucionales; además de los recursos requeridos y/o asignados para tales fines”.
Esta falencia ha tenido un impacto directo en las personas usuarias de los Servicios de atención a la salud mental que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) brindaba en las zonas que fueron afectadas por el conflicto armado interno, a través de Equipos itinerantes y de Equipos Estables, quienes actualmente ya no tienen tratamiento, debido a que este servicio se encuentra suspendido desde diciembre del 2006 por falta de presupuesto.
Los equipos itinerantes que estuvieron trabajando en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, preocupados por la gravedad de las consecuencias que puede acarrear el abandono de la población usuaria de manera súbita e inconsulta, gestionaron el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de las Direcciones Regionales de Salud[9], habiendo logrado únicamente brindar atención provisional en algunos lugares durante los meses de febrero y marzo, en condiciones muy precarias que no permiten una planificación adecuada ni asegurarle a la población la continuidad del servicio.
En cuanto a las perspectivas de dicho trabajo, debe recordarse que los proyectos de cooperación internacional que apoyaban esta labor han concluido y no serán renovados, pero además, el presupuesto del MINSA para el año 2007 no ha previsto recursos para su continuidad.
Tenemos conocimiento que el MINSA para poder solventar esta línea de acción ha solicitado un crédito suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de la República, dependiendo de su aprobación la posibilidad de reanudar el servicio.
3. El trabajo de los equipos itinerantes de salud mental
Desde el año 2004 equipos itinerantes de salud mental conformados por psiquiatras, psicólogos y enfermeras del Instituto Especializado en Salud Mental H. Delgado-H. Noguchi, Hospital Hermilio Valdizán y Hospital Víctor Larco Herrera brindan atención clínica mensual a la población afectada por la violencia política de siete regiones del país: Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, San Martín y Apurímac .
Desde junio del 2005, por convenio con la Unión Europea, se contaba con equipos permanentes de salud mental conformados por un psiquiatra y dos psicólogos en Huancavelica, Ayacucho, Satipo, Andahuaylas y Abancay, lugares que hasta entonces carecían de atención especializada.
Los Equipos Itinerantes de Salud Mental visitaban cada dos meses 8 localidades de Ayacucho para brindar atención clínica a personas afectadas por la violencia política. La población respondía favorablemente a las acciones desplegadas por los equipos itinerantes, generándose una expectativa en la población y las autoridades, especialmente entre las mujeres y niños/as campesinas, principales beneficiarias de la atención.
De acuerdo a los datos proporcionados por los Equipos Itinerantes y la observación realizada por IPRODES PERÚ en su ámbito de acción[10], había un alto número de personas usuarias que acudían a atenderse[11], presentando la mayoría de ellas síntomas de depresión, ansiedad o estrés post traumático. Las consultas con el psiquiatra duraban aproximadamente 20 minutos y no era extraño que se le prescribiera medicamentos anti-depresivos o ansiolíticos.
Aunque como limitaciones del trabajo desplegado por los equipos itinerantes se encuentran la escasa oferta (más notoria debido a la gran demanda en las poblaciones afectadas), el corto tiempo de estadía en cada sitio, la atención muy espaciada entre las consultas, la necesidad de emplear traductores quechua- castellano, la imposibilidad de dar un seguimiento cercano, especialmente a los pacientes medicados, el enfoque casi exclusivamente clínico, entre otros, lo cierto es que era el único servicio de esta naturaleza que brindaba el Estado en el marco de las reparaciones en salud.
4. Consideraciones y Propuestas
- IPRODES PERÚ llama la atención sobre la gravedad de esta situación, que corta bruscamente la atención clínica a una población que había fundado expectativas razonables en este servicio y que se encuentra en un proceso lento, complejo y difícil de tratamiento a las secuelas que ha dejado el conflicto armado interno en su salud mental. No olvidemos que este servicio buscaba reparar a las víctimas de la violencia, lo cual constituye una obligación del Estado y un derecho a la salud de las víctimas y de las comunidades afectadas. Estos servicios estaban dirigidos a contribuir a mitigar el daño ocasionado por la violencia y las violaciones de derechos humanos, y el corte brusco en su provisión puede tener efectos contraproducentes y constituyen un factor de revictimización.
- Preocupa la displicencia de las personas responsables del sector salud que no han previsto la continuidad de los servicios de atención a la salud mental, a sabiendas que los recursos de la cooperación internacional se agotaban y que el Estado debía asumir dichos costos por ser su responsabilidad. Es notorio el quiebre entre las políticas propuestas en materia de salud mental y la total falta de disposición de recursos económicos.
- Expresamos nuestro reconocimiento a los miembros de los equipos itinerantes de salud mental, que de manera comprometida, buscan soluciones aunque sea provisionales frente a esta situación.
- Manifestamos nuestra indignación porque no se haya previsto con la debida diligencia el sustento presupuestario de esta línea de acción, y se haya llegado a esta situación lamentable, que solo perjudica a las víctimas de la violencia, y refuerza en ellas la idea del abandono y discriminación por parte del Estado peruano. Lamentamos a su vez no solo que no se haya obtenido el presupuesto para mantener el trabajo de estos equipos, sino el suficiente para ampliarlo, de tal manera que responda de manera más ajustada a la realidad de la demanda actual en las regiones afectadas.
- Esperamos que en el futuro próximo el MINSA desarrolle las modificaciones adecuadas a su estrategia, que le permita superar las limitaciones en el trabajo de los equipos itinerantes y estables de salud mental, algunas de las cuales han sido señaladas en este documento, previéndose su continuidad en el largo plazo.
- Esperamos a su vez que se fortalezcan las coordinaciones con la sociedad civil y las propias organizaciones de base y las comunidades campesinas.
- Apoyamos la solicitud del MINSA de un crédito suplementario para esta línea de acción, esperando que sea aprobada en el menor plazo posible, así como recomendamos se prevea desde este momento la continuidad en el largo plazo del mismo.
Lima, 27 de marzo del 2007
Notas
[1] Tomo IX, Cuarta parte. Capítulo II RECOMENDACIONES DE LA CVR, Hacia un compromiso nacional por la reconciliación. 2.2 Programa Integral de Reparaciones. 2.2.3.2.4.3 Recuperación desde la intervención clínica. P. 176.
[2] Fue establecido por Art. 2 inc. c) de la Ley 28592 que crea el Programa Integral de Reparaciones – PIR
[3] Art. 26 del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR
[4] Art. 28 del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR
[5] Resolución Ministerial Nº 075 – 2004- MINSA.
[6] El 27 de julio del 2004, por Resolución Ministerial 771-2004/MINSA se establece la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz.
[7] Resolución Ministerial Nº 012-2006/MINSA, 6 de enero del 2006.
[8] Resolución Ministerial 946-2006- MINSA, del 06 de octubre del 2006.
[9] La DIRESA de Ayacucho manifestó que no contaba con presupuesto. No obstante, gracias al apoyo de la Comisión Arquidiocesana se atendió en febrero en Huamanga Huamanga, Cayara y Huancapi, no pudiendo llegar al resto de lugares. En Huamanga la asociación de familiares de pacientes cubrió los pasajes de un psiquiatra, realizaron para ello actividades. En Andahuaylas, gracias al apoyo de la DIRESA, ha acudido a atender un médico psiquiatra en el mes de marzo.
[10] La provincia de Víctor Fajardo: los equipos itinerantes visitan los centros poblados de Huancapi, Cayara y la comunidad campesina de Llusita.
[11] En Llusita por ejemplo se atendían aproximadamente 30 personas por visita.
[2] Fue establecido por Art. 2 inc. c) de la Ley 28592 que crea el Programa Integral de Reparaciones – PIR
[3] Art. 26 del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR
[4] Art. 28 del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR
[5] Resolución Ministerial Nº 075 – 2004- MINSA.
[6] El 27 de julio del 2004, por Resolución Ministerial 771-2004/MINSA se establece la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz.
[7] Resolución Ministerial Nº 012-2006/MINSA, 6 de enero del 2006.
[8] Resolución Ministerial 946-2006- MINSA, del 06 de octubre del 2006.
[9] La DIRESA de Ayacucho manifestó que no contaba con presupuesto. No obstante, gracias al apoyo de la Comisión Arquidiocesana se atendió en febrero en Huamanga Huamanga, Cayara y Huancapi, no pudiendo llegar al resto de lugares. En Huamanga la asociación de familiares de pacientes cubrió los pasajes de un psiquiatra, realizaron para ello actividades. En Andahuaylas, gracias al apoyo de la DIRESA, ha acudido a atender un médico psiquiatra en el mes de marzo.
[10] La provincia de Víctor Fajardo: los equipos itinerantes visitan los centros poblados de Huancapi, Cayara y la comunidad campesina de Llusita.
[11] En Llusita por ejemplo se atendían aproximadamente 30 personas por visita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario