Presentación de la "Agenda Nacional de los desplazados"

Se presenta este martes 6 de diciembre el libro "Agenda Nacional de las y los desplazados", de la CONDECOREP. Es un aporte valioso para volver a discutir las demandas de reparación de este sector de la población afectada por la violencia política, que además de ser desplazada geográficamente, ha sido desplazada de la mirada pública por largos años.

El documento recoge las propuesta consensuadas que las bases de 9 regiones del país, miembros de la CONDECOREP hacen, con el objeto de que el Programa de Reparaciones y las entidades públicas encargadas de su cumplimiento, tomen en cuenta sus puntos de vista, la especificidad de un grupo de sus demandas, y por tanto, diseñe mecanismos que prioricen su atención.

El trabajo fue auspiciado por PCS y apoyado por instituciones como el MIMDES, la MML, y Paz y Esperanza. IPRODES, que se encargó de la facilitación, sistematización y redacción del documento. 

Libro CONDECOREP FinalCompleto 30nov11

Mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado interno - Reflexiones actuales

Eduardo Espinoza, de IPRODES, plantea interrogantes válidas sobre las reparaciones de las mujeres que sufrieron violencia sexual en el conflicto armado interno, y se pregunta además sobre por qué de su eficacia represora y la posibilidad de su empleo actual, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico en el VRAE.  

Vrae y Conflicto Armado

Narrador de cuentos - Carlos Iván Degregori

Acaba de ser publicado el último número de la revista "Argumentos" del  Instituto de Estudios Peruanos - IEP, dedicado a Carlos Iván Degregori, personaje clave de las ciencias sociales y los derechos humanos en el Perú. CID fue un intelectual público con decidida vocación por comprender los complejos problemas de nuestras sociedades, por una mirada integral de los procesos y por una apuesta inclusiva por los excluidos. Por ello su trabajo tuvo uno de sus hitos en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. En este número de Argumentos el escritor e historiador José Carlos Agüero, de IPRODES, participa con un que destaca la vinculación del CID con la literatura. 

En este enlace puede verse todo el número de Argumentos de homenaje a Carlos Iván Degregori. 

aguerojulio2011

Aportes a la historia del Conflicto Armado en el Perú

José Carlos Agüero, escritor e investigador de IPRODES, presenta el artículo "La historieta en el el Diario de Marka", donde analiza la cultura política de uno de los principales actores de ese periodo, como fue la izquierda formal en el país, poniendo en el debate diferentes aspectos de esta cultura y su tensión con la memoria actual.

ARTIFIC 02

José Carlos Agüero, historiador y escritor, miembro de IPRODES, presentó en Ayacucho su poemario "El nacimiento de los monstruos". Por medio de la palabra, pero sin creer en ella, busca representar experiencias límites sobre los cuerpos que han conocido la violencia.

El poemario fue presentado en el marco de la conmemoración del 7° aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, desarrollado en el Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y se realizó en colaboración con la ANFASEP, asociación de madres de los desaparecidos. Puede ver el poemario en línea a continuación y otros contenidos en la siguiente dirección: http://elnacimientodelosmonstruos.blogspot.com/

El Nacimiento de Los Monstruos

Encuesta sobre malestar emocional en sobrevivientes del conflicto armado interno en Perú

Por: Gloria Huamaní y Eduardo Espinoza

INTRODUCCIÓN

En el duro camino hacia la reconciliación nacional el tema de la salud emocional juega un papel crucial. Solo pensar en cómo lograr “reparar” la pérdida de un ser querido, la dignidad, la tranquilidad o la confianza mutua, nos da una idea de su complejidad.

La salud emocional es primordial para alcanzar una buena calidad de vida, gozar de nuestros derechos y ser partícipe del desarrollo de nuestra localidad.

La actual encuesta nace por la idea de contribuir a que nuestros actores sociales involucrados en la temática de salud mental converjan en una acción efectivamente reparadora en bien de las víctimas del conflicto armado interno.

La información presentada se recogió mediante la aplicación de 10 encuestas de mujeres víctimas de violencia armada que todavía no han recurrido a atención clínica de parte del Estado. Son ayacuchanas adultas y adultas mayores, algunas lideresas, algunas residentes en ciudades, otras en comunidades.

Los resultados de la mencionada encuesta se relacionan con problemas de la salud, sensación de vulnerabilidad, desconfianza y el deterioro de las relaciones interpersonales, con ellos mismos y con los demás.

Cada una de estas afecciones que recaen en los sobrevivientes conllevan una carga que afecta sus vidas en diferentes niveles. En lo personal, la salud se ve diezmada por la somatización, la baja autoestima y la sensación de miedo, como si en cualquier momento fueran a repetirse los episodios de violencia; la desconfianza con los vecinos y fuerzas del orden los deja en un estado de completa vulnerabilidad frente a cualquier evento contraproducente.

A nivel de la comunidad los lazos también se rompen, no solo debido a los desplazamientos que separan familias enteras, sino que la desconfianza afecta las relaciones comunitarias creando aislamiento de los individuos y afectación en la identidad cultural.

Próximamente, se expondrán los resultados de encuestas de varones, niños y niñas.

DESCRIPCIÓN DE LA ENCUESTA

Gráfico 1.-Actualmente qué problemas de malestar emocional (salud mental) tiene?

El universo de mujeres encuestadas que fueron afectadas por el conflicto armado en Ayacucho, manifestó que el malestar emocional más común que ellas perciben es el malestar corporal (29.0%) seguido del nerviosismo (22.6%) y en menor medida el insomnio y las responsabilidades bajo maltrato familiar que asumieron desde su juventud (3.2%), ello ha confirmado que las mujeres víctimas de la violencia durante el conflicto armado han sido emocionalmente afectadas.

Gráfico 2.- De los que ha mencionado, ¿Cuáles son los que más les molestan?

A partir de las respuestas de la pregunta 1 de la encuesta sobre qué problemas de malestar emocional que sienten, derivó la pregunta ¿Cuál es el que más le molesta? Pudiéndose constatar que entre la totalidad de las mujeres encuestadas existe un mayor consenso en que lo que más le molesta de los problemas que sienten es la falta de protección, el de sentirse solas y tristes (28.6%) seguidos del malestar corporal (21.4%), características que son típicas de los rasgos de violencia que sufrieron las mujeres después del conflicto armado ya que se debe tener en cuenta que la violencia se manifiesta no sólo de manera física sino también emocional, como es el caso de las mujeres encuestadas.

La primera constatación confirma la importancia que las mujeres víctimas otorgan al soporte social. La soledad y el aislamiento social agravan su situación emocional. En otros términos, se puede decir que la intervención psicosocial es la más adecuada para afrontar el malestar emocional.

Gráfico 3.- ¿Por qué tiene cada una de ellas?

Tan importante como lo anteriormente mencionado, es que cuando se hizo la pregunta 3 sobre el motivo por el cual presentaban dichos malestares, las mismas mujeres expresaron que ello ocurrió a causa del conflicto armado (61.5%) que vivieron en aquella época, pues ello muestra que los estragos del conflicto armado que se vivió en Ayacucho han marcado emocionalmente a la población y en especial a las mujeres encuestadas quienes fueron testigos presenciales a tan lamentables acontecimientos y que hasta el momento no han recibido una atención a su salud emocional para superar dichos sucesos.

Sin embargo, no todas acusaron al conflicto armado como el causante de sus malestares emocionales, pese haber vivido las vicisitudes del conflicto, debido a que conceden mayor relevancia a las violencias familiares padecidas como hijas, intolerancia frente a las críticas, entre otros. Incluso, el susto y “los nervios” que figuran entre las causas pueden tener ilación con las violencias del conflicto armado, pero se ha preferido mantener esta respuesta en forma diferenciada en resguardo de la opinión de las entrevistadas.

Gráfico 4.- ¿Han producido mayor malestar emocional?

El 91% de las encuestadas manifestaron que a causa de la desatención de los malestares emocionales mencionados su bienestar psicosocial se ha visto conmovido.

Gráfico 5.- ¿Qué ha producido?

La gravedad y su relevancia social de estos malestares encuentran sus asideros básicamente en dos tipos de respuestas: “decepción de la vida, mejor no hubiera nacido, o mejor… “ y “violencia con mis hijos y pareja”. Sus efectos envuelven no solo los ámbitos personales y familiares, sino también lo social o comunal (aislamiento, inseguridad).

REFLEXIONES FINALES

Estados emocionales que responden a “mejor no hubiera nacido, mejor me suicido” desbordan la atención clínica más bien confiesan la necesidad de una atención integral de índole psicosocial, en especial en poblaciones donde el “qué dirán”, las relaciones interpersonales, son componentes de una identidad cultural que la sienten quebrantada.

La gravedad de estas constataciones pone en entredicho posiciones ideológicas de diversos actores sociales involucrados en el tema. La clase política que dirige nuestro Estado en forma excluyente, conserva una actitud discriminatoria frente a estas demandas de salud emocional, que se expresa en que la inexistencia de una política de Estado orientada a enfrentar este problema; de equipos itinerantes se pasaron a atención primaria, mañana no sabremos qué amanecerá.

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, tienen su cuota de responsabilidad al preocuparse por otros problemas que consideran más importantes y no ver la relación que tienen ellos con la salud emocional de extensas poblaciones; además de no evaluar la eficacia de las intervenciones públicas sobre el tema, con el impacto en su quehacer institucional.

La mayoría de organismos de cooperación internacional consideran que este problema, por su dimensión y complejidad, es un problema de Estado, y no apoyan adecuadamente proyectos con objetivos de fortalecimiento de la estabilidad emocional.

Tal vez sea necesario que nuestros actores sociales interactúen con personas que están en los espacios de espera de atención psicológica y psiquiátrica en consultorios particulares y hospitalarios, para que así se comprometan en proporción a la magnitud y dimensión del problema.

El crecimiento, el optimismo, el desarrollo: olvidar parece ser el costo de tanta belleza

Von Wernich, primer sacerdote enjuiciado

por violaciones de DDHH en Latinoamerica

El pasado mes de julio ha sido negro para los violadores de derechos humanos en América Latina, menos en el Perú. Acá hemos tenido mucho optimismo porque el desarrollo está a la vuelta de la esquina.



En España, el Tribunal Supremo resolvió que el ex militar Ricardo Miguel Cavallo, alias 'Serpico', uno de los peores represores de la dictadura argentina, acusado de la desaparición de cientos de personas entre 1976 y 1983, sea juzgado en España y no en Argentina, aceptando el pedido de las víctimas y del fiscal.

En Lima, en medio de tanto optimismo, pacto social, planes grandiosos al 2011, descentralización y crecimiento económico nunca antes visto, va perdiendo el poco peso que tenía la búsqueda de justicia por los crímenes del periodo de violencia política.

¿Será que es un asunto secundario, o particular, de grupitos de víctimas que reclaman justicia?

¿Será una actitud pasadista, resentida, tendencia a enfocarse en daños, en conflictos, en áreas marginales de la cosa pública, ciega a la gran agenda actual de desarrollo, crecimiento, mercados, descentralización, al verdadero interés nacional?

En Chile el infame torturador Osvaldo Romo Mena murió en la cárcel, en absoluta soledad. Ni siquiera el cura católico que estuvo presente “por caridad” quiso rezarle o bendecirlo. Ni su esposa ni alguno de sus cinco hijos se acercaron a acompañarlo. Este tipo jamás se arrepintió de sus proezas y recordemos que hace unos años, en una entrevista a la televisión desde la prisión, dijo que deseaba que en su lápida colocaran “aquí yace un torturador”. Yo sugiero que lo dejen en blanco o le cuelguen un letrero de cartón que diga “acá no hay nada”.

Pero sería solo retórica, porque allá hay un poco de la naturaleza humana.

En Lima, un país más poderoso el 2011, el 2020, como dice García. Una nueva república, como decía Humala. Marchas regionales y discursos presidenciales, todos caminando hacia el nuevo país. Fundado sobre decenas de miles de crímenes impunes. Pero qué importa. Esa es la modernidad: cerrar los ojos, olvidar el pasado. El futuro es hoy y mañana ya llega y viene limpio.

¿Puede ser legítimo un Estado que mató a sus ciudadanos, por más moderno y platudo que esté hoy? ¿Un Estado que permite que militares y políticos criminales disfruten los beneficios de su iniquidad? ¿La institucionalidad no jugará un rol en este progreso tan bacán?

La institucionalidad, claro que sí, esa que mejora la gestión, las capacidades de gasto, las atribuciones, la inversión. La institucionalidad que sirve, la práctica. La que piden las regiones. Que se parece a la que pide el MEF, solo que desde el otro lado.

Obstáculos al desarrollo. Esos son los débiles reclamos de justicia. ¿Acaso no se está gastando en reparaciones colectivas, acaso no hay un consejo de reparaciones haciendo listas?

Nuevamente en España, el Tribunal Supremo elevó de 640 a 1084 años de prisión la condena al ex militar argentino Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad. Este señor fue cómplice de las 255 detenciones que se realizaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) mientras trabajaba allí.

En Lima, resulta fácil esta economía de la justicia que se está practicando. Se juzga (algo así) a Fujimori, Montesinos, Hermoza, Pérez Documet, a Martín Rivas y sus chicos. Los casos anteriores a la década de los 90 son pocos, avanzan lento, no llegan a ser amenazas serias para los grandes criminales, tienen poca prensa, son cosa de ONG y asociaciones de familiares sin respaldo.

Los vendedores de crecimiento y de mercados, no advierten o lo hacen y no les importa, que la sociedad está creciendo chantajeada, con sus futuros machacadores al lado. Porque los militares no han sido encarcelados y por lo tanto, están autorizados para en el futuro volver a poner orden y salvar al país de peligros reales o inventados. Porque los políticos no han sido sancionados, ni encarcelados por sus responsabilidades ni tan siquiera amonestados moralmente, y estos políticos han establecido como norma consuetudinaria, que el que tiene poder está sobre la ley y que la violencia y el autoritarismo son buenas vías para administrar situaciones complejas.

Finalmente, en Argentina empezó el juicio a este Christian Von Wernich, ex capellán de la policía, acusado de haber participado en 7 homicidios, 31 casos de torturas y 42 secuestros cometidos en cinco campos de detención del sur de la provincia de Buenos Aires, durante los años de la dictadura. Es la primera vez que a un sacerdote católico lo juzgan por violaciones de derechos humanos en América Latina. Dijo sobre esto el Presidente Kirchner: “Es un día histórico para Argentina porque comienza a juzgarse a Von Wernich, que deshonró a la Iglesia Católica, a los pobres y a los derechos humanos”.

¿Alegrarse por cosas cómo estas? Sí y no. En Lima, sigue de máxima autoridad de la iglesia el señor Cipriani, observador de violaciones de derechos humanos en Ayacucho, cómoda autoridad eclesial durante el gobierno de Fujimori, voz de los días de fiesta aleluya en Radio Programas, saludado por los presidentes de turno muy devotos, santo de todas las sandalias y ojotas gastadas en los cuarteles del país donde rezan algunos desaparecidos.

Este cura Von Wernich fue protegido por la iglesia argentina todo lo que se pudo. Luego del periodo de dictadura militar lo movieron a un pueblo remoto, y lo mantuvieron allí pese a los reclamos de la población. Luego lo movieron a otro pueblo de Chile, donde usó otro nombre. Hasta que fue descubierto. Y extraditado. Chile también sabe extraditar criminales.

En estos países, que también quieren crecer y desarrollarse, cómo no, el Perú no es el único con estas ideas originales en la cabeza, hacen algunos esfuerzos y estiman que hay alguna relación entre los objetivos de fortalecer la institucionalidad, devolver la confianza del ciudadano hacia el Estado y volver a legitimar la democracia y sus poderes, y la necesidad de llevar ante la justicia - y condenar por supuesto- a los principales responsables de violaciones de derechos humanos.

En Lima y regiones, la cosa va siguiendo otros rumbos. Porque somos modernos, supongo.

MINSA informa que reinicia su campaña de salud mental y reparación

El MINSA acaba de comunicarnos, en respuesta a la campaña de incidencia que fue impulsada por Iprodes y que fue apoyada por diversas redes e instituciones de Lima y Ayacucho, que DESDE MAYO de 2007 se han reiniciado las acciones de salud mental en zonas afectadas por la violencia política.

Como se sabe, a inicios de este año el propio Ministerio y los miembros de los equipos itinerantes de salud mental alertaron sobre el riesgo que estos equipos dejaran de trabajar. Consultados en profundidad, responsables del área en el Ministerio señalaron que estaban desarrollando diversas acciones para conseguir financimiento, así como modificaciones en su estrategia de intervención que corregirían limitaciones de los años pasados.

Desde la sociedad civil se impulsaron una serie de acciones de incidencia, incluso ante el Congreso de la república, buscando que se destinaran los recursos que garantizaran este trabajo.

El MINSA, en oficio Nº 2595 señala a la letra que "En este sentido, a partir de mayo del presente se continuará y desarrollará acciones de salud mental en las poblaciones afectadas por la secuela de violencia política con la finalidad de contribuir a que se recuperen la salud mental y física, se reconstituyan las redes de soporte social, para lo cual se ha previsto la conformación de un equipo de salud mental conformado por un médico psiquiatra, psicólogos y enfermero".

Como podemos advertir, solo se señala la formación de un equipo que viene operando desde mayo. Estamos realizando las consultas para poder ampliar e interpretar esta comunicación, para luego informarles. Si tienen alguna información de cómo se viene realizando de modo concreto este trabajo en las zonas de trabajo, agradeceríamos compartirlo.

Discurso de Salomón Lerner en Huanta

Salomón Lerner, ex Presidente de la Comisión de la Verdad, resaltó la importancia simbólica que ha tenido este inicio de reparaciones colectivas en Huanta, que parece señalar una voluntad del Estado a no ser eternamente indiferente. Aunque se puede agregar una preocupación ¿a esta velocidad en cuántos años se habrá llegado a todos las víctimas o sus familiares? ¿Qué tan justa será una acción tan tardía?


DISCURSO DE SALOMÓN LERNER EN HUANTA
Ceremonia de entrega de reparaciones

Ayacucho, junio de 2007
Estimados amigos:
Deseo decir unas pocas palabras sobre el valor de este acto con el que el gobierno inicia el pago de una grande deuda contraída con los Peruanos y peruanas que fueron víctimas de la violencia. Mis palabras quieren ser también, como es natural e indispensable, un renovado reconocimiento, precisamente, a esa población afectada y un recordatorio de las tareas que la sociedad peruana tiene todavía por delante para hacer valer apropiadamente los derechos de esos ciudadanos.
Hay que recordar, en primer lugar, que el reconocimiento de que el Estado debe reparaciones a las víctimas ha tenido lugar como fruto de un proceso de restauración de la memoria colectiva llevado a cabo por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ésta, sin embargo, fue solamente la expresión institucional de una decisión valiente de la población peruana,principalmente aquella que fue víctima de la violencia. Me refiero a la decisión de no olvidar, de recordar y de sacar las lecciones de la terrible experiencia vivida para la construcción de nuestra democracia.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en efecto, fue una organización estatal creada para reconstruir la historia de la violencia reciente en el Perú. Con ese fin,
trabajó durante veintiséis meses convocando el esfuerzo de muchos ciudadanos, principalmente jóvenes, que con sus conocimientos y su compromiso moral nos permitieron cumplir la tarea encomendada. No obstante, es necesario decir que ninguna comisión, incluso si ella cuenta con todos los recursos económicos y técnicos necesarios, puede sacar a la luz una historia tan compleja y oscura como la que vivimos si es que no existe, en primer lugar, una decisión de la gente a favor del recuerdo y de la justicia y en contra del olvido y de la indiferencia. Quienes trabajamos en esa Comisión tuvimos la fortuna y el privilegio de encontrarnos con miles de peruanos y peruanas que, habiendo sufrido en silencio muchas injusticias y terribles atropellos a sus derechos fundamentales, y a pesar del comprensible temor a decir en voz alta la verdad sobre lo que había sucedido, acudieron valientemente a
brindar su testimonio como víctimas directas o como allegados de esas víctimas.

Para quienes no fuimos directamente afectados por violaciones de derechos humanos tal vez sea difícil comprender todo lo que involucra brindar un testimonio: rememorar públicamente hechos que se quisiera olvidar, depositar una vez más, contra lo que aconsejaba la experiencia, su confianza en que el Estado peruano tomaría en serio su palabra y haría justicia ante las verdades que se contaban. Digo con orgullo y con agradecimiento que la Comisión encontró a casi 17 mil hombres y mujeres dispuestos a relatar sus historias y, sobre todo, a confiar una vez más en el Estado al compartir con éste su palabra ¿qué es lo más preciado que tenemos las personas?

Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación representó, pues, una responsabilidad muy grande solicitar esas palabras y hacerlas conocer en sus audiencias públicas y en su informe final. Más aun cuando no iba a ser ella la encargada de aplicar las recomendaciones que resultaran de su investigación. La Comisión tenía como única misión reconstruir la verdad. No tenía ella autoridad para impartir justicia, realizar reformas u otorgar reparaciones. Sin embargo, lo que sí podía hacer era efectuar recomendaciones claras y justas para que la paz con justicia fuera posible en el país. Como parte de esas recomendaciones elaboramos y presentamos un Plan Integral de Reparaciones amplio, con sólido fundamente jurídico y técnico, sujeto a los más altos criterios de justicia y, quiero resaltarlo de modo especial, completamente viable. No fue, en absoluto, una propuesta desproporcionada a la
realidad de nuestro país sino enteramente posible de ejecutarse. Lo era entonces, cuando lo propusimos, en el año 2003, y lo es más aun hoy en día cuando la tendencia al crecimiento económico del país se ha hecho más fuerte todavía.

Sabíamos que esas propuestas no serían cumplidas de manera inmediata. Eso nos resultaba especialmente preocupante pues, como he dicho, lo que está incorporado en el Informe Final y en sus recomendaciones es la esperanza y la confianza de miles de peruanos. Cada día que ha pasado desde agosto de 2003 sin que se diera cumplimiento a las recomendaciones ha significado, creo yo, una pérdida de credibilidad y legitimidad de nuestro Estado y una sombra de duda sobre el futuro de nuestra democracia ante los ojos de las víctimas.

Por ello creemos que es especialmente importante esta ceremonia en la cual, como el gobierno ha explicado, se hace un primer gesto y una primera acción hacia el cumplimiento de este derecho de miles de personas. Es, ciertamente, un gesto que hay que valorar y reconocer, pues él tiene una significación material y simbólica que nos dice que, después de todo, el Estado peruano no será por siempre indiferente a los derechos de los más desprotegidos y excluidos, que ese Estado nuestro puede comenzar a tratarnos a todos como ciudadanos. Por otro lado, en efecto, este gesto indica un primer paso en un largo camino que deseamos que se recorra hasta el final para que todos quienes vieron sus derechos atropellados reciban las reparaciones a las que tienen derecho, reparaciones materiales y simbólicas, individuales y colectivas, en la forma de dinero e inversión y en la forma de acceso a servicio y
reconocimiento de su condición de ciudadanos plenos.

La posibilidad de que esto se cumpla ?es decir, que todas las víctimas reciban adecuado resarcimiento? depende, desde luego, de que abordemos esta tarea con seriedad, con prudencia y de manera ordenada y eficiente. Hay que valorar el hecho de que poco a poco, paralelamente al constante reclamo de la sociedad, se ha ido constituyendo un marco legal e institucional orientado a hacer que se cumpla el Plan Integral de Reparaciones.

Existe, ya, una ley que da creación a dicho plan; existía desde antes una Comisión Multisectorial de Alto Nivel que ha gestado este primer acto de reparacione, y contamos también con un Consejo de Reparaciones encargado de elaborar de manera exhaustiva un Registro Único de Víctimas tanto individuales como colectivas, el cual sería la mejor herramienta para un proceso de reparaciones sistemático, exhaustivo y, por lo tanto, justo. Es de desear que en el futuro, y dada la complejidad y lo delicado de la tarea, sea esa vía la que transitemos. Podemos tener confianza en que ello sea así dado el compromiso y la recta comprensión del problema demostrado por quienes hoy han hecho posible este primer momento de reparaciones. A ellos les expreso mi reconocimiento, y a nuestros conciudadanos que han sido víctimas de la violencia, les manifiesto mi deseo, como ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en que la palabra que nos entregaron y, por nuestro medio, a toda la sociedad peruana, germine en derechos cumplidos y respetados y en una vida pacífica y plena de dignidad y reconocimiento para todos.

Salomón Lerner Febres
Ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

San Marcos maltrata víctima de la violencia política

Reproducimos la carta que la señora Doris Caqui, antigua dirigente de organizaciones de afectados por la violencia política, remitió a los estudiantes de San Marcos hace unos días, reclamando porque a su hija no la dejaron matricularse en la universidad, pese a haber alcanzado el puntaje requerido. La joven postuló bajo la modalidad de víctimas del terrorismo. Las autoridades universitarias arguyeron que la ley no se aplicaba en este caso. Y a continuación maltrataron a la postulante.

Los problemas respecto de las múltiples entradas para posibles medidas de reparación van a empezar a aparecer. Hay reparaciones para víctimas del terrorismos (entiéndase de Sendero Luminoso y MRTA), reparaciones para víctimas de las fuerzas armadas y del terrorismo juntos (PIR), reparaciones para los casos ante la CIDH, reparaciones para desplazados, reparaciones para inocentes liberados, reparaciones posibles para los que tengan casos ante la justicia nacional, y reparaciones potenciales para los que tengan casos ante la justicia regional (Corte Interamericana).

Y hay que señalar que algunas de estas vías, incluyendo la más importante (El plan integral de reparaciones) tiene criterios discriminatorios. Abundaremos en siguiente post.

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Compañeros: Estudiantes SanMarquinos.
Presente.-
Asunto: Solicito apoyo en la defensa del ingreso de mi menor hija a la UNMSM

De mi mayor consideración:

Recibe mis saludos fraternos, la presente es para solicitar su apoyo de usted y de cuantos compañeros San Marquinos pueden adherirse en la defensa del ingreso de mi menor hija, quién ingresó con un puntaje meritorio a la Escuela de Ciencias Sociales – Facultad de Antropología, a la fecha no ha podido obtener la Constancia de Ingreso a pesar de haber efectuado todos los pagos correspondientes y por consiguiente no ha logrado matricularse, el grave error que cometimos es que mi menor hija postulara por la modalidad "Víctimas del Terrorismo" Ley 27277 dada la situación que también somos Víctimas del Conflicto Armado que vivió nuestro país durante los 20 últimos años.

Esta Ley excluyente, beneficia únicamente a los hijos "víctimas del terrorismo de sendero luminoso" que alcanza a los hijos de policías, militares e hijos de autoridades. Y, ¿ nuestros derechos, que hay para quiénes somos víctimas del terrorismo de Estado?, amigas, amigos y compañeros nuestra primera casa de estudios, la Decana de las Universidades de América es la única que hasta la fecha no apertura espacios de inclusión, bajo ésta Ley y por la misma modalidad, a la fecha muchas universidades vienen implementando políticas de reparación en Educación, sobre todo cuando nuestros hijos son capaces y en éste caso mi menor hija ha demostrado capacidad al obtener mas de 620 puntos en un exámen general.

A través de ésta carta denuncio ante usted y todos quiénes aún tienen la capacidad de hacer uso de su derecho de reacción ante las injusticias, lo que ocurre es que la gran mayoría de peruanos que somos víctimas de ésa cruenta guerra que vivió nuestro país, seguimos siendo invisibles lo cual es una forma de prolongar mas aún nuestro dolor y la estigmatización para con nosotros. Es así que al acercarse mi hija el sábado 31 ante la Comisión de Admisión de la UNMSM para matricularse fue maltratada verbal y psicológicamente por uno de los integrantes de la Comisión-OCA, que corresponde al nombre de Ángel López, siendo acusada: " de robarse la vacante de otros, de tratar de sorprender, …y de mocosa malcriada, si recién tienes 15 años puedes volver a postular, ….." entre otros en presencia de todo el resto de jóvenes que solo atinaban a mirar lo único que dijo mi hijita fue: " si yo también soy víctima de la violencia política,…, además desde el exámen de admisión me identifiqué como tal porque yo portaba la Constancia acreditada por el Ministerio de la Mujer , Foncodes – Lima y he realizado todos mis pagos, porque esperaron a que realice todos los pagos, tome mi exámen y recién quieren anularme mi ingreso…"

Esperando contar con su apoyo solidario en defensa del ingreso de mi hija me despido de usted, desde ya agradeciéndole por éste gesto.
Atentamente.

Doris Caqui Viuda de Rimac.
Presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados, casos derivados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Teléf.5790632.

CONTINÚA LA CAMPAÑA REPARACIONES EN SALUD MENTAL

IprodesPerú continúa desarrollando la campaña en favor de la continuidad del trabajo de los equipos estables e itinerantes de salud mental en las regiones más afectadas por la violencia política en el Perú.

Como ya se ha señalado, el MINSA no cuenta con presupuesto para el año 2007, por lo que las atenciones se han suspendido, cortando bruscamente la atención a usuarios, la mayoría mujeres campesinas. En la región Ayacucho los equipos itinerantes llegaban a 8 centros poblados, y el equipo estable de Huamanga llegó a atender hasta diciembre a dos mil personas.

El MINSA ha querido enfrentar esta situación solicitando un crédito suplementario, pero noticias recientes recibidas por Iprodes indican que esta posibilidad es muy remota, pues el crédito suplementario destinado al MINSA en Ayacucho tendrá como objetivo cubrir el gasto operativo normal del sistema de salud. Por lo que tendrá que buscarse una alternativa rápidamente.


Iprodes, respaldado por diversas intituciones firmemente comprometidos con el problema de las reparaciones se encuentra realizando acciones dirigidas a influir en los espacios de decisión tanto en el congreso como en el ejecutivo. Comentaremos próximamente sobre estas acciones y sus resultados. Pueden verse los documentos de esta campaña:


- Pronunciamiento

- Justificación y propuestas

Estudio sobre violencia sexual en conflicto armado

Cladem acaba de poner en circulación vía Internet el Informe sobre violencia sexual en conflicto armado en Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.

Este estudio sistematiza buena parte de la información producida en cada país. Constata una amplia utilización de la violencia sexual contra mujeres por todas las partes intervinientes en los conflictos, y la pirncipal responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado.



Concebido con fines comparativos, divide su indagación en tres secciones (por cada caso nacional) : 1) situación de las mujeres previa al conflicto, 2) el impacto que tuvo la violencia sexual durante conflicto armado en la vida de las mujeres y, 3) el periodo post conflicto y los procesos que buscan afrontar sus consecuencias.



Debemos señalar que el informe del caso peruano corrió a cargo de Silvia Loli, Eduardo Espinoza y José Carlos Agüero, integrantes del equipo de Iprodes Perú. Esperamos que sea de utilidad para aquellos comprometidos en enfrentar este problema.



www.iprodesperu.blogspot.com

iprodesperu@yahoo.es

Pronunciamiento - Justificación y propuestas

PROGRAMA DE REPARACIONES EN SALUD MENTAL ESTÁ DESFINANCIADO

Presentación
El Instituto Promoviendo Desarrollo Social ha venido apoyando el servicio de atención clínica itinerante del Ministerio de Salud en algunas zonas de la Región Ayacucho, el mismo que ha sido suspendido, no teniéndose aún certeza sobre su reiniciación. El personal de los equipos itinerantes está desarrollando coordinaciones para lograr la atención, aunque fuere provisional, de las personas usuarias.

IPRODES PERÚ muestra su preocupación e insta a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República a que aprueben de inmediato el crédito suplementario solicitado por el MINSA para la continuación de este servicio.

1. La obligación del Estado peruano de atender las secuelas en la salud mental producidas por el conflicto armado interno

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, formuló recomendaciones en materia de salud mental señalando que deben brindarse servicios de atención clínica “a cargo de equipos multidisciplinarios, descentralizados e itinerantes”, y que, “cuando el tratamiento clínico resulte necesario no sea menor a dos años de atención continuada[1]”.

El Relator de las Naciones Unidas para el más alto nivel de disfrute del derecho a la salud, Paul Hunt, en su informe sobre la Misión en el Perú, (junio 2004) asumió las Recomendaciones de la CVR relativas a la salud mental.

El Programa de Reparaciones en salud[2], incluye la “Recuperación desde la intervención clínica, lo que implica el diseño de un modelo de atención clínica que se ajuste a las necesidades y recursos humanos de las diversas zonas del país[3], correspondiendo al Ministerio de Salud MINSA la responsabilidad de constituir una unidad especializada para desarrollar dicho programa[4].

Cumpliendo estos mandatos, el MINSA introdujo las reparaciones en salud mental en diversos documentos de gestión y de políticas del sector, tales como:

i) Los Lineamientos para la Acción en Salud[5], del 2004,
ii) La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz[6] (dependiente de la Dirección General de Salud de las Personas del MINSA).
iii) El Plan General 2005-2010 de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz[7],
iv) El Plan Nacional de Salud Mental[8], documento técnico que define los objetivos y actividades a nivel sectorial y multisectorial en la materia. El Plan Nacional de Salud Mental incluye como Objetivo general 4: “Promover la equidad en la atención de salud mental (…) dando atención diferenciada a las poblaciones vulnerables, especialmente a las afectadas por la violencia política”, con ese fin, considera como acción prioritaria la existencia de “Equipos Itinerantes de salud mental en las zonas de intervención” como mecanismo de promoción del acceso de las poblaciones afectadas por el conflicto armado interno a la atención en salud mental, tanto psiquiátrica como psicológica.

2. La obligación del Estado peruano de proveer el presupuesto para atender las secuelas en la salud mental producidas por el conflicto armado interno

El MINSA no incluyó en su presupuesto 2007 requerimientos/metas presupuestales para el Programa de Reparaciones en Salud Mental, incumpliendo con el Artículo 57° del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR, que establece que:

“En coordinación con la CMAN, las instituciones del sector público nacional, regional y local deberán incluir de manera expresa, bajo responsabilidad de los titulares de los pliegos presupuestarios, los objetivos, políticas, acciones y metas que les correspondan en materia de reparaciones en los instrumentos de gestión institucional, tales como (…) presupuestos institucionales; además de los recursos requeridos y/o asignados para tales fines”.

Esta falencia ha tenido un impacto directo en las personas usuarias de los Servicios de atención a la salud mental que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) brindaba en las zonas que fueron afectadas por el conflicto armado interno, a través de Equipos itinerantes y de Equipos Estables, quienes actualmente ya no tienen tratamiento, debido a que este servicio se encuentra suspendido desde diciembre del 2006 por falta de presupuesto.

Los equipos itinerantes que estuvieron trabajando en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, preocupados por la gravedad de las consecuencias que puede acarrear el abandono de la población usuaria de manera súbita e inconsulta, gestionaron el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de las Direcciones Regionales de Salud[9], habiendo logrado únicamente brindar atención provisional en algunos lugares durante los meses de febrero y marzo, en condiciones muy precarias que no permiten una planificación adecuada ni asegurarle a la población la continuidad del servicio.

En cuanto a las perspectivas de dicho trabajo, debe recordarse que los proyectos de cooperación internacional que apoyaban esta labor han concluido y no serán renovados, pero además, el presupuesto del MINSA para el año 2007 no ha previsto recursos para su continuidad.

Tenemos conocimiento que el MINSA para poder solventar esta línea de acción ha solicitado un crédito suplementario al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de la República, dependiendo de su aprobación la posibilidad de reanudar el servicio.

3. El trabajo de los equipos itinerantes de salud mental

Desde el año 2004 equipos itinerantes de salud mental conformados por psiquiatras, psicólogos y enfermeras del Instituto Especializado en Salud Mental H. Delgado-H. Noguchi, Hospital Hermilio Valdizán y Hospital Víctor Larco Herrera brindan atención clínica mensual a la población afectada por la violencia política de siete regiones del país: Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, San Martín y Apurímac .

Desde junio del 2005, por convenio con la Unión Europea, se contaba con equipos permanentes de salud mental conformados por un psiquiatra y dos psicólogos en Huancavelica, Ayacucho, Satipo, Andahuaylas y Abancay, lugares que hasta entonces carecían de atención especializada.

Los Equipos Itinerantes de Salud Mental visitaban cada dos meses 8 localidades de Ayacucho para brindar atención clínica a personas afectadas por la violencia política. La población respondía favorablemente a las acciones desplegadas por los equipos itinerantes, generándose una expectativa en la población y las autoridades, especialmente entre las mujeres y niños/as campesinas, principales beneficiarias de la atención.

De acuerdo a los datos proporcionados por los Equipos Itinerantes y la observación realizada por IPRODES PERÚ en su ámbito de acción[10], había un alto número de personas usuarias que acudían a atenderse[11], presentando la mayoría de ellas síntomas de depresión, ansiedad o estrés post traumático. Las consultas con el psiquiatra duraban aproximadamente 20 minutos y no era extraño que se le prescribiera medicamentos anti-depresivos o ansiolíticos.

Aunque como limitaciones del trabajo desplegado por los equipos itinerantes se encuentran la escasa oferta (más notoria debido a la gran demanda en las poblaciones afectadas), el corto tiempo de estadía en cada sitio, la atención muy espaciada entre las consultas, la necesidad de emplear traductores quechua- castellano, la imposibilidad de dar un seguimiento cercano, especialmente a los pacientes medicados, el enfoque casi exclusivamente clínico, entre otros, lo cierto es que era el único servicio de esta naturaleza que brindaba el Estado en el marco de las reparaciones en salud.

4. Consideraciones y Propuestas

- IPRODES PERÚ llama la atención sobre la gravedad de esta situación, que corta bruscamente la atención clínica a una población que había fundado expectativas razonables en este servicio y que se encuentra en un proceso lento, complejo y difícil de tratamiento a las secuelas que ha dejado el conflicto armado interno en su salud mental. No olvidemos que este servicio buscaba reparar a las víctimas de la violencia, lo cual constituye una obligación del Estado y un derecho a la salud de las víctimas y de las comunidades afectadas. Estos servicios estaban dirigidos a contribuir a mitigar el daño ocasionado por la violencia y las violaciones de derechos humanos, y el corte brusco en su provisión puede tener efectos contraproducentes y constituyen un factor de revictimización.

- Preocupa la displicencia de las personas responsables del sector salud que no han previsto la continuidad de los servicios de atención a la salud mental, a sabiendas que los recursos de la cooperación internacional se agotaban y que el Estado debía asumir dichos costos por ser su responsabilidad. Es notorio el quiebre entre las políticas propuestas en materia de salud mental y la total falta de disposición de recursos económicos.

- Expresamos nuestro reconocimiento a los miembros de los equipos itinerantes de salud mental, que de manera comprometida, buscan soluciones aunque sea provisionales frente a esta situación.

- Manifestamos nuestra indignación porque no se haya previsto con la debida diligencia el sustento presupuestario de esta línea de acción, y se haya llegado a esta situación lamentable, que solo perjudica a las víctimas de la violencia, y refuerza en ellas la idea del abandono y discriminación por parte del Estado peruano. Lamentamos a su vez no solo que no se haya obtenido el presupuesto para mantener el trabajo de estos equipos, sino el suficiente para ampliarlo, de tal manera que responda de manera más ajustada a la realidad de la demanda actual en las regiones afectadas.

- Esperamos que en el futuro próximo el MINSA desarrolle las modificaciones adecuadas a su estrategia, que le permita superar las limitaciones en el trabajo de los equipos itinerantes y estables de salud mental, algunas de las cuales han sido señaladas en este documento, previéndose su continuidad en el largo plazo.

- Esperamos a su vez que se fortalezcan las coordinaciones con la sociedad civil y las propias organizaciones de base y las comunidades campesinas.

- Apoyamos la solicitud del MINSA de un crédito suplementario para esta línea de acción, esperando que sea aprobada en el menor plazo posible, así como recomendamos se prevea desde este momento la continuidad en el largo plazo del mismo.

Lima, 27 de marzo del 2007

Notas

[1] Tomo IX, Cuarta parte. Capítulo II RECOMENDACIONES DE LA CVR, Hacia un compromiso nacional por la reconciliación. 2.2 Programa Integral de Reparaciones. 2.2.3.2.4.3 Recuperación desde la intervención clínica. P. 176.
[2] Fue establecido por Art. 2 inc. c) de la Ley 28592 que crea el Programa Integral de Reparaciones – PIR
[3] Art. 26 del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR
[4] Art. 28 del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR
[5] Resolución Ministerial Nº 075 – 2004- MINSA.
[6] El 27 de julio del 2004, por Resolución Ministerial 771-2004/MINSA se establece la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz.
[7] Resolución Ministerial Nº 012-2006/MINSA, 6 de enero del 2006.
[8] Resolución Ministerial 946-2006- MINSA, del 06 de octubre del 2006.
[9] La DIRESA de Ayacucho manifestó que no contaba con presupuesto. No obstante, gracias al apoyo de la Comisión Arquidiocesana se atendió en febrero en Huamanga Huamanga, Cayara y Huancapi, no pudiendo llegar al resto de lugares. En Huamanga la asociación de familiares de pacientes cubrió los pasajes de un psiquiatra, realizaron para ello actividades. En Andahuaylas, gracias al apoyo de la DIRESA, ha acudido a atender un médico psiquiatra en el mes de marzo.
[10] La provincia de Víctor Fajardo: los equipos itinerantes visitan los centros poblados de Huancapi, Cayara y la comunidad campesina de Llusita.
[11] En Llusita por ejemplo se atendían aproximadamente 30 personas por visita.

PRONUNCIAMIENTO

PROGRAMA DE REPARACIONES EN SALUD MENTAL ESTÁ DESFINANCIADO

Frente a la suspensión de la atención clínica en salud mental que venía siendo brindada por equipos estables e itinerantes del Ministerio de Salud a la población afectada por la violencia política, debida a la falta de presupuesto, IPRODES PERÚ exige la pronta aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y del Congreso de la República del crédito suplementario solicitado para el financiamiento de esta línea de trabajo, que constituye una medida de reparación en salud, de acuerdo a las Recomendaciones de la CVR y del Programa Integral de Reparaciones.

La población afectada que se encontraba en tratamiento ha sido dejada a su suerte y revictimizada por este nuevo abandono del Estado. Esto debe cesar prontamente, evitemos daños mayores. La conclusión del financiamiento de la cooperación internacional no es una excusa porque quien está incumpliendo sus obligaciones es el Estado peruano.

No olvidemos que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana y que no hay igualdad de oportunidades, ni desarrollo, ni democracia que puedan sostenerse si no se atiende a la salud, y particularmente a la salud mental.

Señor Presidente de la República, Señor Ministro de Salud, Señor Ministro de Economía y Finanzas, Congresistas de la República ¡Cumplan con los peruanos y peruanas afectadas en su salud mental por la violencia política!

Lima, 27 de marzo del 2007

Fiebre de boletines

Estos días nos han llegado los boletines virtuales del GIM Perú y del Movimiento ciudadano Para que no se repita.


El boletín del GIM por cierto inaugura sus entregas que prometen ser mensuales y dedicarse "al debate, análisis y difusión de acciones y políticas que promuevan el cumplimiento de nuestros derechos sin ningún tipo de discriminación". Su nombre en quechua Hatarisun Llacta (Levantémonos pueblo). Lo he subido acá y pueden escribirles a este correo hatarisum.llacta@gmail.com


Este primer número, chiquito pero interesante, trae por ejemplo notas muy curiosas como la discriminación a las fiestas chicha en el distrito de El Agustino, prohibición que el alcalde explica del siguiente sociológico modo: "la connotación que se le quiso dar al término fiestas chicha no es a la música, sino para las fiestas a las que asisten personas de mal vivir y que podrían desencandenar hasta en la muerte".


Por si acaso el nombre del cientista social que en sus ratos libres funge de alcalde es Víctor Salcedo.

Por su parte el boletín de Para que no se repita va por su quinta entrega y su segundo año. Este número esta dedicado principalmente a las actividades de la secretaria ejecutiva en el Foro Social Mundial y otros espacios como el 3º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, en que pudo exponerse la situación de derechos humanos del país, así como trabajar en el desarrollo de alianzas a nivel internacional. El número puede bajarse de este lugar.

Finalmente se prepara, se anuncia, ya sale, un nuevo boletín. Se trata de la publicación virtual de un movimiento político nuevo, muy vinculado a la reflexión y defensa de los derechos humanos y que promueve la construcción de un hacer político no divorciado de la ética. Mantiene por cierto, una Lista de Interés muy frecuentada y en crecimiento. Ya tendremos mayores noticias.

Visite www.iprodesperu.blogpot.com

Escribenos a: iprodesperu@yahoo.es

Raeparaciones colectivas

En la página web de la ONG Adehr Perú, se señala que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CMAN, organismo encargado de las reparaciones a las víctimas de la violencia política, aprobó financiar este año el Programa de Reparaciones Colectivas en beneficio de 440 comunidades afectadas por este problema.

Estas acciones incluirían actos de desagravio a las comunidades y un reconocimiento público por parte del Estado respecto del rol que jugaron en la lucha por la pacificación del país.

Sería interesante contra con mayor información de lo que viene planificando o empezando a implementar la CMAN, así como el Consejo de Reparaciones. Por ahora, no hay mucha discusión pública sobre el tema.

En este colegio no se permiten niñas violadas. Favor de no insistir

Uno de los efectos más terribles de la violencia sexual es que las mujeres víctimas no encuentran necesariamente solidaridad de su entorno, como cabría esperar, sino rechazo y discriminación.

La mujer que ha sido violada, sea cual fuera la circunstancia en que ocurrieron los hechos, sufre una pérdida de estatus, cae en la valoración que tiene de ella el medio social, la pareja, la familia, el barrio, incluso el ámbito institucional y público.

Agrega pues a la violencia vivida, el rechazo solapado o directo de las personas e instituciones con las que se relaciona.

Pensamos en las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado en el país, que soportan las secuelas físicas y psicológicas del crímen, que callan lo sufrido y que no obtienen justicia o reparación alguna. Mujeres que además deben desarrollar estrategias precarias para manejar o prevenir el rechazo de sus propias comunidades campesinas.

Pero también en situaciones cotidianas como la descrita por el diario El Comercio hoy, que cuenta cómo a una niña que ha sido violada no la dejan matricularse en un colegio en Quillabamba.

Según cuenta la madre, la Directora del centro educativo se niega a aceptar su matrícula señalando que la niña es: "asquerosa", "cochina", "mentirosa", "que se dejó manosear desde los siete años" y que además "le habría gustado".

La madre también señala que el violador sigue libre pese a haber sido acusado por otra menor.

Esperemos que a esa directora la echen del trabajo, que a la niña la dejen matricularse, que reciba asistencia para su recuperación física y mental y que al criminal lo metan en la cárcel ¿es una esperanza ingenua?

José Carlos Agüero

Alan declara hoy por El Frontón

Alas 8:30 de esta mañana se inició en el edificio de Petroperú la diligencia en que el Presidente de la República, Alan García Pérez, brindará su declaración como testigo por el caso de la matanza de El Frontón.

A la diligencia asistirán además del Presidente, la jueza del Primer Juzgado Supra Nacional María León Yarango, un representante de la Fiscalía y abogados de las víctimas, pertenecientes a ONG de derechos humanos (IDL, Aprodeh, Comisedh entre otras).

Se sabe que el Presidente deberá responder entre otros temas a:

- Qué órdenes impartió al viceministro del Interior, Agustín Mantilla.

- Si mantuvo comunicación con Mantilla cuando este estaba en la isla penal.

- Qué información recibió de parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

- Qué información recibió de mantilla al término de las operaciones.

- Explicar las órdenes que habría dado para enterrar clandestinamente los cuerpos de los presos fallecidos.

A ver de qué recursos hecha mano el Presidente (¿Mantilla? ¿Quién es ese?)

Recordemos que está pendiente de solución el pedido de los abogados de los familiares de las víctimas para ampliar la denuncia e incluir como responsable al Presidente García. Hoy declara como testigo.

No usar el nombre del pobre en vano (usarlo para algo)

Los defensores de la gratuidad de la enseñanza, especialmente desde la izquierda, argumentan que se trata de un derecho de los pobres. Olvidan sin embargo que un derecho no es solo una abstracción, es también el modo en que se concreta. Y las estadísticas demuestran que los pobres son una minoría de la población universitaria.

Entonces los pobres no están usando el derecho. No parece coherente defender el sistema actual de gratuidad en su nombre.

Se supone que la izquierda tiene sentido porque está de lado de los marginados, por lo tanto debe ir en contra de todo lo que genere exclusión. Y la situación actual eso genera, precisamente. ¿No debería estar la izquierda en contra del sistema actual de gratuidad de la enseñanza por excluyente?

Por otro lado, los que apoyan el proyecto llaman la atención sobre lo injusto que resulta que los pobres acaben subvencionando a la clase media, la gran beneficiada de la situación. Piden racionalidad: la clase media no requiere este apoyo, puede pagar y debe ser solidaria para con su universidad y para con los que no pueden pagar. El Estado, ahorrando un poco, quizá pueda gastar un poco más en la educación básica, que sí beneficia a los más pobres.

En esta propuesta se habla de los pobres que no estudian y se propone entonces que la clase media pague. Pero esta relación no es lógica ¿cómo va a beneficiar a los chicos pobres que no están estudiando el que los muchachos de colegios particulares paguen?

Si el diagnóstico es que los pobres no acceden al derecho, no es culpa del derecho, sino del sistema que se ha previsto para cumplirlo (es como recortar el acceso a la justicia porque el sistema de administración de justicia funciona mal).

¿No es más coherente con el diagnóstico promover el acceso de los sectores más pobres a la universidad, desarrollando verdaderas reformas y acciones afirmativas (cosas serias)? ¿No habría que fortalecer el derecho mediante su desarrollo y no recortarlo porque no funciona bien?

Eso huele a aprovechar el pánico.

Parece que también desde el Estado y los sectores neoliberales se utiliza a los pobres demagógicamente, para avanzar en el proyecto macro de reducir las responsabilidades del Estado al mínimo y dejarlo todo al bolsillo de la gente y al mercado.

Al final, los pobres son una pobre ficción. Todos los utilizan. Pero no se ve cómo se van a beneficiar de tanta buena fe.

De prosperar esta iniciativa, al final, tendremos una situación en la que el pobre seguirá igual, sin llegar a la universidad (solo que ahora no existirán instituciones viejas en su nombre), y la clase media que no pagaba (o sea la inmensa mayoría de la población universitaria) ahora pagará sus boletas.

La Universidad, que actualmente solventa el 40% de su presupuesto, incrementará este porcentaje un poco. Y el Estado, seguirá ahorrando y dejando sus responsabilidades (¿cuánto estará dispuesto a invertir el Estado en educación?, ¿estará bien pagar el 10% el 5% el 1% del presupuesto de la universidad "pública"?).

En el peor de los casos, la buena fe producirá un resultado discriminatorio. Como el Estado ahorrará en la universidad, podrá gastar mejor en la educación básica, que es la que necesitan prioritariamente los pobres. Así, el paraíso: la clase media pagando universidad y los pobres contentos con su quinto de media.

En realidad, el problema que está intentando solucionar este proyecto de ley es de dónde sacar para solventar la educación superior, porque el Estado no quiere meter plata. Lo de los pobres es solo retórica.

José Carlos Agüero

Un espectáculo como cualquier otro

Maritza Espinoza, del área de espectaculos de La República llama la atención hoy sobre el anuncio de la televisión estatal colombiana de pasar en vivo y en directo, dos días a la semana, los testimonios de paramilitares sometidos ahora a la justicia, contando los asesinatos, masacres, desapariciones y torturas que cometieron en el marco del conflicto armado.

La cosa empieza a las 8 de la mañana, será sin censuras de ningún tipo y solo colocará un anuncio sobre el contenido no apropiado para los niños y niñas.

Este aparantemente inútil rascarse las heridas, se justifica como la necesidad de toda la sociedad colombiana de conocer la verdad, por dura que sea, y como un reconocimiento público de las responsabilidades de los autores de los crímenes, que además deberán pagar mínimo 8 años de carcelería (por confesar sus crímenes) y reparaciones económicas. Se anuncia además que pronto se pasarán los testimonios por radio, que es en realidad el único medio de comunicación que llega a la mayorías del país.

También en nuestro país se intentó algo parecido, hace un par de años, durante las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad. No obstante, su impacto mediático fue muy escaso. Al final pasó desapercibido, como un espectáculo más, con poca publicidad y bajo raiting. Además, la mayoría de testimonios fueron brindados por víctimas, no por autores de crímenes (se puede acceder a grabaciones en el Centro para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo).

Luego de escuchar por canal siete un testimonio duro, quizá traducido del quechua ¿qué sintieron los peruanos? No mucho al parecer, lo cotidiano solo agregó un recuerdo más, acostumbrado a construirse de pequeños y grandes horrores.

Me pregunto además, si los crminales colombianos contarán las violaciones sexuales del mismo, modo, con la misma facilidad, con que cuentan asesinatos y desapariciones. Porque hasta el horror tiene su escala. Habrá que ver.