Von Wernich, primer sacerdote enjuiciado por violaciones de DDHH en Latinoamerica
El pasado mes de julio ha sido negro para los violadores de derechos humanos en América Latina, menos en el Perú. Acá hemos tenido mucho optimismo porque el desarrollo está a la vuelta de la esquina.
En España, el Tribunal Supremo resolvió que el ex militar Ricardo Miguel Cavallo, alias 'Serpico', uno de los peores represores de la dictadura argentina, acusado de la desaparición de cientos de personas entre 1976 y 1983, sea juzgado en España y no en Argentina, aceptando el pedido de las víctimas y del fiscal.
En Lima, en medio de tanto optimismo, pacto social, planes grandiosos al 2011, descentralización y crecimiento económico nunca antes visto, va perdiendo el poco peso que tenía la búsqueda de justicia por los crímenes del periodo de violencia política.
¿Será que es un asunto secundario, o particular, de grupitos de víctimas que reclaman justicia?
¿Será una actitud pasadista, resentida, tendencia a enfocarse en daños, en conflictos, en áreas marginales de la cosa pública, ciega a la gran agenda actual de desarrollo, crecimiento, mercados, descentralización, al verdadero interés nacional?
En Chile el infame torturador Osvaldo Romo Mena murió en la cárcel, en absoluta soledad. Ni siquiera el cura católico que estuvo presente “por caridad” quiso rezarle o bendecirlo. Ni su esposa ni alguno de sus cinco hijos se acercaron a acompañarlo. Este tipo jamás se arrepintió de sus proezas y recordemos que hace unos años, en una entrevista a la televisión desde la prisión, dijo que deseaba que en su lápida colocaran “aquí yace un torturador”. Yo sugiero que lo dejen en blanco o le cuelguen un letrero de cartón que diga “acá no hay nada”.
Pero sería solo retórica, porque allá hay un poco de la naturaleza humana.
En Lima, un país más poderoso el 2011, el 2020, como dice García. Una nueva república, como decía Humala. Marchas regionales y discursos presidenciales, todos caminando hacia el nuevo país. Fundado sobre decenas de miles de crímenes impunes. Pero qué importa. Esa es la modernidad: cerrar los ojos, olvidar el pasado. El futuro es hoy y mañana ya llega y viene limpio.
¿Puede ser legítimo un Estado que mató a sus ciudadanos, por más moderno y platudo que esté hoy? ¿Un Estado que permite que militares y políticos criminales disfruten los beneficios de su iniquidad? ¿La institucionalidad no jugará un rol en este progreso tan bacán?
La institucionalidad, claro que sí, esa que mejora la gestión, las capacidades de gasto, las atribuciones, la inversión. La institucionalidad que sirve, la práctica. La que piden las regiones. Que se parece a la que pide el MEF, solo que desde el otro lado.
Obstáculos al desarrollo. Esos son los débiles reclamos de justicia. ¿Acaso no se está gastando en reparaciones colectivas, acaso no hay un consejo de reparaciones haciendo listas?
Nuevamente en España, el Tribunal Supremo elevó de 640 a 1084 años de prisión la condena al ex militar argentino Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad. Este señor fue cómplice de las 255 detenciones que se realizaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) mientras trabajaba allí.
En Lima, resulta fácil esta economía de la justicia que se está practicando. Se juzga (algo así) a Fujimori, Montesinos, Hermoza, Pérez Documet, a Martín Rivas y sus chicos. Los casos anteriores a la década de los 90 son pocos, avanzan lento, no llegan a ser amenazas serias para los grandes criminales, tienen poca prensa, son cosa de ONG y asociaciones de familiares sin respaldo.
Los vendedores de crecimiento y de mercados, no advierten o lo hacen y no les importa, que la sociedad está creciendo chantajeada, con sus futuros machacadores al lado. Porque los militares no han sido encarcelados y por lo tanto, están autorizados para en el futuro volver a poner orden y salvar al país de peligros reales o inventados. Porque los políticos no han sido sancionados, ni encarcelados por sus responsabilidades ni tan siquiera amonestados moralmente, y estos políticos han establecido como norma consuetudinaria, que el que tiene poder está sobre la ley y que la violencia y el autoritarismo son buenas vías para administrar situaciones complejas.
Finalmente, en Argentina empezó el juicio a este Christian Von Wernich, ex capellán de la policía, acusado de haber participado en 7 homicidios, 31 casos de torturas y 42 secuestros cometidos en cinco campos de detención del sur de la provincia de Buenos Aires, durante los años de la dictadura. Es la primera vez que a un sacerdote católico lo juzgan por violaciones de derechos humanos en América Latina. Dijo sobre esto el Presidente Kirchner: “Es un día histórico para Argentina porque comienza a juzgarse a Von Wernich, que deshonró a la Iglesia Católica, a los pobres y a los derechos humanos”.
¿Alegrarse por cosas cómo estas? Sí y no. En Lima, sigue de máxima autoridad de la iglesia el señor Cipriani, observador de violaciones de derechos humanos en Ayacucho, cómoda autoridad eclesial durante el gobierno de Fujimori, voz de los días de fiesta aleluya en Radio Programas, saludado por los presidentes de turno muy devotos, santo de todas las sandalias y ojotas gastadas en los cuarteles del país donde rezan algunos desaparecidos.
Este cura Von Wernich fue protegido por la iglesia argentina todo lo que se pudo. Luego del periodo de dictadura militar lo movieron a un pueblo remoto, y lo mantuvieron allí pese a los reclamos de la población. Luego lo movieron a otro pueblo de Chile, donde usó otro nombre. Hasta que fue descubierto. Y extraditado. Chile también sabe extraditar criminales.
En estos países, que también quieren crecer y desarrollarse, cómo no, el Perú no es el único con estas ideas originales en la cabeza, hacen algunos esfuerzos y estiman que hay alguna relación entre los objetivos de fortalecer la institucionalidad, devolver la confianza del ciudadano hacia el Estado y volver a legitimar la democracia y sus poderes, y la necesidad de llevar ante la justicia - y condenar por supuesto- a los principales responsables de violaciones de derechos humanos.
En Lima y regiones, la cosa va siguiendo otros rumbos. Porque somos modernos, supongo.
Un informe elaborado por la Organización Panamericana de Salud (1) da cuenta de la magnitud de los delitos contra el patrimonio y las preocupantes dimensiones de la impunidad a nivel nacional, lo que no resulta sorprendente habida cuenta que la Policía Nacional del Perú reporta diariamente la comisión de innumerables hechos de esta naturaleza, sin que hasta la fecha se haya encontrado el modo idóneo de prevenirlos. 
