Por Ronald Gamarra
Publicado en el Diario La República
La ordenanza sobre el derecho a la igualdad y no discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual, cuya propuesta ha sido puesta en debate por la Municipalidad de Lima, representa un hito que es necesario resaltar. Los DDHH fueron un asunto ajeno a la comuna metropolitana en la última década, pero la alcaldesa Susana Villarán ha decidido comprarse el pleito y liderar la lucha contra la discriminación –ese mal crónico que envenena cotidianamente nuestra sociedad–, comenzando por los derechos de una comunidad especialmente marginada y escarnecida como la homosexual.
Combatir la homofobia –del mismo modo que enfrentar el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación basadas en el prejuicio– es una obligación del Estado a todo nivel: nacional, regional y local. Esta obligación surge de la Declaración Universal de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de DDHH y otras normas fundacionales promovidas y suscritas por el Perú. Los Principios de Yakarta ratifican con detalle la obligación de los organismos estatales de todo nivel de luchar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
La Municipalidad de Lima es un organismo estatal; por tanto, debe cumplir esta obligación. Compréndase bien: combatir la discriminación basada en la homofobia no es un capricho personal de la alcaldesa, sino una obligación del Estado, que también debería asumirse con decisión a otros niveles, empezando por el gobierno central. Lamentablemente los políticos, en su gran mayoría, no entienden esto; de allí su menosprecio hacia este tema, sus risas nerviosas y sus bromas, cuando no su abierta y brutal homofobia al reclamárseles una posición ante él.
La finalidad de la norma edil es simplemente que todos seamos tratados con igual respeto a nuestra dignidad de seres humanos, no más pero tampoco menos, y que esto ocurra sin importar la orientación sexual de cada quien, que es un asunto estrictamente individual. Se trata de que no haya personas condenadas a vivir en nuestra ciudad en los inhumanos límites de la marginación, como si estuvieran encerradas en leprosorios o guetos, pues esa es la dura realidad de muchos –demasiados– habitantes de Lima, que no es posible seguir ocultando, y que llevó en su momento al poeta César Moro, limeño homosexual, a calificarla lapidariamente como “Lima la horrible”.
A diferencia de administraciones anteriores, esta gestión demuestra tener además algo muy valioso, que sus antecesoras no consideraron ni asumieron como prioridad: la voluntad de llevar adelante una política de desarrollo que vaya mucho más allá del cemento y el asfalto para hacer viable una sociedad a la medida de la dignidad del ser humano.
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