Uno de los efectos más terribles de la violencia sexual es que las mujeres víctimas no encuentran necesariamente solidaridad de su entorno, como cabría esperar, sino rechazo y discriminación.
La mujer que ha sido violada, sea cual fuera la circunstancia en que ocurrieron los hechos, sufre una pérdida de estatus, cae en la valoración que tiene de ella el medio social, la pareja, la familia, el barrio, incluso el ámbito institucional y público.
Agrega pues a la violencia vivida, el rechazo solapado o directo de las personas e instituciones con las que se relaciona.
Pensamos en las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado en el país, que soportan las secuelas físicas y psicológicas del crímen, que callan lo sufrido y que no obtienen justicia o reparación alguna. Mujeres que además deben desarrollar estrategias precarias para manejar o prevenir el rechazo de sus propias comunidades campesinas.
Pero también en situaciones cotidianas como la descrita por el diario El Comercio hoy, que cuenta cómo a una niña que ha sido violada no la dejan matricularse en un colegio en Quillabamba.
Según cuenta la madre, la Directora del centro educativo se niega a aceptar su matrícula señalando que la niña es: "asquerosa", "cochina", "mentirosa", "que se dejó manosear desde los siete años" y que además "le habría gustado".
La madre también señala que el violador sigue libre pese a haber sido acusado por otra menor.
Esperemos que a esa directora la echen del trabajo, que a la niña la dejen matricularse, que reciba asistencia para su recuperación física y mental y que al criminal lo metan en la cárcel ¿es una esperanza ingenua?
José Carlos Agüero
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